Desde el 2001, a los clientes se les retiene dinero por la apertura de cuentas corrientes, operaciones de crédito y emisión de cheques y multas por aquellos que salen protestado, que luego son distribuidos a los seis núcleos de Solca, Junta de Beneficencia, Innfa, Dirección de Rehabilitación Social. A estos beneficiarios se suman el Ministerio de Finanzas, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el Programa Regional para el Desarrollo del Sur. De aprobarse el proyecto de Ley por parte de la Comisión Legislativa, el Estado asumirá el pago de esos rubros vía presupuesto, y saldrán de la caja fiscal. El Estado asignará a cada institución el equivalente al retenido en este 2008, según el ministro coordinador de la Política Económica, Pedro Páez. Hasta diciembre del 2007, el sistema financiero retuvo 6 millones de dólares por esos impuestos y hasta marzo pasado el monto alcanzó los 6,4 millones, según la Superintendencia de Bancos (SBS). Al eliminarse esa carga impositiva, el Régimen espera que el sistema financiero entregue créditos y servicios más baratos. Además, busca dar mayor liquidez al sistema para afrontar cualquier tipo de eventualidad, indicó Paez.