En lo que corresponde a Manabí, los asistentes fueron, además del gobernador Vicente Véliz, quince de los veintidós alcaldes, quienes expusieron sus observaciones sobre la integración al organismo cuyos parámetros al parecer aun no están definidos. Pero en estas horas de emergencia no debe efectuarse pruebas ni experimentos, pues los desalmados delincuentes están atentos a las medidas que el gobierno adopte; y si la respuesta no es contundente y eficiente, las repercusiones serán peores. Y vale recordar que organismos como el creado a nivel provincial ya funcionan particularmente en cantones como Manta y Portoviejo, con el nombre de Corporación de Seguridad Ciudadana, bajo la égida de sus respectivas municipalidades, con la participación de varias organizaciones cantonales pero con relativa eficiencia. Aquello ha permitido detectar inconvenientes en su desarrollo, como la necesidad de contar con los recursos económicos suficientes y la intervención directa de la Policía Nacional en la vigilancia y la represión. En el primer problema no pueden ser subvencionados por la municipalidad por lo escuálido de sus arcas, al igual que el segundo porque no tiene personal autorizado para ello. Entonces, para que la Junta Provincial de Seguridad no se vea afectada por las mismas dificultades, el gobierno debe considerar estos dos factores vitales, pues no hay que olvidar que, si la seguridad debe tener la colaboración de todos, constitucionalmente al Estado le corresponde brindar y velar por el bienestar de los ecuatorianos.