El pasado 28 de julio, el grupo Isaías, al que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de Ecuador se le incautó más de 200 empresas para saldar su deuda con el Estado, planteó al Gobierno un pago inicial y de inmediato de 35 millones de dólares, además, de la entrega de 20 millones anuales sin intereses a 10 años de plazo. Esa propuesta surgió luego de que la AGD iniciara, el pasado 8 de julio, una campaña de incautaciones de las empresas del grupo Isaías, que incluyó dos canales de televisión y varias emisoras de radio. El pasado martes, el Gobierno informó que el grupo Isaías planteó una propuesta para saldar su deuda y, pese a que entonces no precisó los términos, exigió un pago no menor de 35 millones de dólares, para cancelar a los clientes afectados por el cierre de Filanbanco, hace diez años. "Sólo luego de este pago se atenderán las dudas y se recibirán los descargos que permitan conciliar la deuda y, posteriormente, establecer un plan de pago por el saldo que se establezca", dijo Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración Pública. El grupo Isaías solicitó, también, que se "realice un informe técnico de verificación, actualización y depuración de las cifras obtenidas en los informes de la firma Deloitte & Touche" en la que se basó el Estado para iniciar acciones coactivas contra ese poderoso grupo. Los hermanos William y Roberto Isaías, que son reclamados por la justicia ecuatoriana, pidieron, además, que en la elaboración de dicho informe se incluya a representantes de su grupo. La ministra Salgado señaló que esa petición "no se aceptó, porque no se puede ser juez y parte" en un proceso. Sobre la actualización del informe de Deloitte & Touche, Salgado apuntó que, para tener "una cifra definitiva", se tiene que incluir todo lo que el Estado, "desde diferentes instancias, Banco Central, Ministerio de Finanzas, directamente o vía AGD", entregó como créditos al Filanbanco, antes de que sea intervenido. No obstante, Salgado remarcó que el mérito de la propuesta de los hermanos Isaías es que "reconocen, finalmente, que tienen una deuda con los ecuatorianos" y que fueron parte de la crisis financiera de 1999. Sobre el pedido del grupo Isaías, para que se devuelvan los bienes incautados por la AGD, Salgado la descartó pues, a su criterio, "no ha cambiado ninguna de las circunstancias que dieron lugar a la incautación". Entre 1998 y 1999 se desató en Ecuador la peor crisis financiera de su historia, que incluyó la intervención del Estado en más de una treintena de entidades financieras. El saneamiento de esa crisis bancaria le costó al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.