Eduardo Mendoza, abogado de Bravo, señaló que la sentencia impuesta por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo fue de 6 meses de prisión correccional “por ser responsable en calidad de autor del delito de peculado”. El delito según la Contraloría del Estado fue adquirir ilegalmente uniformes y botas para el personal municipal. El monto de perjuicio se acerca a 7.000 dólares. Mendoza dijo que ellos casarán (impugnarán) la sentencia, con lo que se suspenden los efectos de la sentencia y mientras una instancia superior no rectifique o ratifique la sentencia del Tribunal de Portoviejo, Bravo puede ser candidato y de ganar la elección ejercer el cargo. Pero, si en el transcurso de su consentida administración se ratifica la sentencia, Bravo tendría que dejarla. Hasta ayer Bravo seguía en su casa bajo la custodia de dos policías. El alcalde Dan Vera está en Quito y señaló que lo importante es que Bravo fue sancionado penalmente y los jueces están ratificando que hubo delito y por eso lo juzgaron. Pero también presentarán el recursos de casación por una sanción más drástica. El bodeguero en la administración de Bravo Franklin Frenado Macías involucrado en el caso fue absuelto y ya puede transitar libremente. Apelación Mendoza dijo que también pueden apelar por buen comportamiento y colaboración con la justicia de Bravo.