Repsol-YPF invirtió el año pasado cerca de 30 millones de dólares para aumentar su producción en Ecuador y perforó 31 pozos nuevos en la zona que tiene en concesión, la mayor parte de ella dentro del Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica. Para este año la compañía tenía previsto perforar otros 18 pozos, pero no lo ha hecho porque "no se justifica la inversión" pues la norma que reparte un 99 por ciento de los beneficios extraordinarios del petróleo para el Estado y un uno por ciento para las compañías no lo hace viable, señaló Delgado. Con este reparto de 99 a uno, "la compañía está sacando dinero de su bolsillo" para mantener su contrato, que finaliza en 2012 y que estaba renegociando para pasar a un nuevo tipo, según el gerente de Relaciones Públicas de la empresa, Federico Cruz. El Estado ecuatoriano propuso transformar los contratos de participación que tiene con las principales petroleras extranjeras que actúan en el país en contratos de servicios, y negociaba desde enero con cinco compañías para llegar a acuerdos sobre ese modelo. Repsol-YPF había planteado la ampliación hasta 2018 del contrato, siempre que fuera una "operación viable", y ofrecido una inversión de 300 millones de dólares en los próximos tres años, pero actualmente la negociación está en suspenso por decisión del Gobierno. Los responsables de Repsol recalcaron que la operación de la compañía en Ecuador es "muy cara", pues en los campos que explota se extrae un 94 por ciento de agua y un seis por ciento de crudo pesado, lo que hace que el coste total de producción sea de unos 30 dólares por barril de petróleo. Por eso apuntaron que "no se puede aplicar una fórmula única para los contratos" con las petroleras, pues aseguraron que las demás compañías no tienen un porcentaje de agua tan alto en el producto que extraen, que se devuelve a los pozos una vez separada del petróleo. Insistieron además en que la compañía lleva a cabo una explotación "limpia", con instalaciones respetuosas con el medio ambiente, similares a las utilizadas en plataformas marinas con pozos en racimo, por lo que ocupan una extensión mínima, de 400 hectáreas, un 0,2 por ciento de las 200.000 que tiene la concesión. Repsol mantiene la seguridad en toda la concesión, con compañías privadas y apoyo militar, y "es la única petrolera que no ha tenido problemas con las comunidades indígenas", en especial con las 32 waoraní que atiende, cinco de las cuales están dentro de su área. A estas comunidades Repsol les suministra atención social, médica y educativa y trata de evitar cualquier imposición que cambie sus costumbres ancestrales. La petrolera mantiene el control del área e impide el acceso de colonos, madereros o especies vegetales o animales ajenas al ecosistema del Yasuní, donde tiene dos campamentos con un total de cerca de 600 personas. Ese número llegó a ser de 1.300 el año pasado, cuando se hacían trabajos de perforación. En la actualidad, Repsol-YPF trabaja en su concesión del Bloque 16, en la zona compartida con la estatal Petroecuador de Capirón, donde produce unos 53.000 barriles diarios, y hace de operador de servicios en el campo estatal de Tivacuno, donde extrae otros 12.000 barriles al día. Entre el Bloque 16 y Capirón la empresa calcula que hay reservas de unos 300 millones de barriles de crudo, de los que unos 250 millones se habrán extraído para el 2012, según los técnicos de Repsol. EFE