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EDITORIAL
Intereses electorales

El presidente Rafael Correa, con una velocidad de corredor de fórmula uno, compareció a ese ente hasta ahora llamado Tribunal Constitucional y presentó una demanda contra la obligación de asociarse que determinan ciertas normas, como requisito previo, para hacer uso de una determinada actividad, como la del profesional que está obligado a afiliarse al núcleo que representa su gremio, o al comerciante al que se obliga a pertenecer a la Cámara de Comercio para ejercer esa actividad.

Domingo 04 Mayo 2008 | 21:32

Correa, desde su punto de vista, consideró que esta obligación afecta el bien individual y colectivo y vulnera el principio relativo a la libre empresa y de asociación, planteamiento éste que movilizó a todos los entes gremiales, empresariales y profesionales, que miran angustiados, que frente al hecho de darse esta pretensión, prácticamente los desaparece del mapa, habida cuenta que muchas de estas “asociaciones” subsisten sólo por esta obligatoriedad. Plausible y acertada la pretensión en cuanto a gremios y cámaras se refiere, muchos de los cuales no representan ni protegen los derechos de sus asociados, a quienes no se les recíproca en nada sus obligados aportes monetarios; excepción hecha la de los colegios de profesionales, que se constituyen a la fecha en el verdadero cedazo para verificar la legalidad de los títulos que se reparten hoy como chicha en fiesta, más que todo ahora que, como decía el Dr. C.J. Arosemena, hay tantas universidades como garajes. Y tal como era de esperarse, y coincidiendo con el título que muchos constitucionalistas le han dado al Tribunal Constitucional, que es una caja de resonancia de las pretensiones del Ejecutivo, el fallo fue unánime a favor de acoger la pretensión del primer mandatario y dejar sin efecto las normas que obligan a cualquier ciudadano a afiliarse a gremio o colegio de profesionales como requisito para ejercer una actividad o profesión. Hasta aquí todo bien, la Patria ya es de todos. Pero la obligatoriedad nace a raíz de la publicación en el Registro Oficial de la resolución de marras, y ésta no se da, no obstante que la misma fue dictada de fecha 5 de marzo del año en curso. Razones: La proximidad de la consulta popular y el riesgo de generar adversos, como es de esperarse, frente a tantos intereses que se afectan eliminando estos diezmos que ahora el gobierno respalda, no se puede correr. De otro lado, en el problema del transporte, hasta ahora a los llamados “taxi amigo” y “tricicleros”, como alternativa propuesta del propio Ejecutivo, es la de que se “asocien” o creen sus “gremios” como una alternativa para legalizarlos; esto en abierta contradicción al espíritu de la demanda planteada y declarada con lugar. ¿Será el Tribunal Constitucional ajeno a los intereses electorales del Ejecutivo? ¿Vaya Ud. a saber a qué es lo que se quiere y qué es lo que se practica?
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