En ambos casos se trata de la respuesta a un amparo constitucional y a una apelación interpuesta por Raúl Marín, apoderado de la compañía Verdú, a su vez propietaria de la planta. No obstante, Verdú, meses atrás, retiró voluntariamente esta planta y la trasladó hacia una cantera dentro de la jurisdicción de Picoazá. Acciones El amparo constitucional, Marín lo interpuso en contra de la Comisaría de Salud y de la Dirección Provincial del ramo, para que queden sin efecto las resoluciones dictadas el 4 de julio del 2007, del 1 de agosto del 2007 y del 17 de agosto del 2007, mediante las cuales se sanciona pecuniariamente y se clausura con sellos a la operación de la procesadora. El caso fue tratado por la Tercera Sala del TC, que resolvió rechazar el amparo constitucional. En la otra acción legal, tratada en la Segunda Sala del TC, Marín apela las resoluciones emitidas por el Municipio de Portoviejo, el 3 de agosto de l2007, donde se niega un recurso de apelación de Verdú y se ratifica la decisión del 6 de julio, de que sea reubicada la planta de asfalto. La otra resolución apelada fue la del Consejo Provincial de Manabí, que el 20 de septiembre del 2007 decidió inhibirse de resolver la apelación presentada por Verdú, toda vez que la institución tiene una relación contractual por la concesión vial con Convial-sa, consorcio conformado por Hidalgo & Hidalgo y la compañía apelante. Luego, la Segunda Sala resolvió declarar legítima la resolución del 3 de agosto, del municipio de Portoviejo. Esta instancia jurídica aduce lo expuesto en la Constitución, que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, y que se debió contar con el criterio de la comunidad en torno a este tema.