El anteproyecto, presentado hoy en una conferencia de prensa por la Consejería de Educación, establece que la gestión de los centros públicos continuará en manos públicas, aunque podrá ser ejercida por consorcios creados por el gobierno y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios. Con respecto a los inmigrantes y con el objetivo de combatir la concentración de alumnos extranjeros en la red pública y en determinados centros, la ley afirma que se establecerá la proporción máxima de estos menores que pueden ser escolarizados en cada centro y grupo, en función de unas áreas. El consejero catalán de Educación, Ernest Maragall, dijo que el tope será diferente en función de cada zona educativa, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas (privadas con subvención oficial). Además, el gobierno catalán prevé que los centros con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10 por ciento el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos alumnos, un 80 por ciento de los cuales es escolarizado en la escuela pública y un 20 por ciento en la concertada. Una vez acabe su tramitación parlamentaria, que Educación prevé ocurra este año, Cataluña contará por primera vez con una ley educativa propia. El consejero Maragall dijo que la ley persigue "el éxito escolar" y garantizar la equidad en el acceso a la educación y la excelencia en Cataluña. EFE