Este mal ejemplo se sabía superado, brindando positivos resultados en los últimos años, pues las acciones oficiales de los funcionarios públicos eran aquilatadas en razón a su sensibilidad y ejecutividad. Ahora aquel avance está encontrando resistencia en decisiones como las tomadas por el Contralor, que coartan la libertad de información de sus subordinados, olvidándose que ellos son sus representantes en las provincias y, por lo tanto, los portavoces que ayudan a acercar esa institución a las comunidades, especialmente a aquellas que se encuentran geográficamente apartadas del poder central en la capital de la República. Podría levantarse un velo negro que caería sobre la personalidad de los funcionarios y, concomitantemente, de la del gobierno, creando la desconfianza ciudadana al manejar en secreto sus actividades, ocultándolas. Es que mientras mejor y más informado esté un pueblo, más credibilidad pudieran tener en sus administradores. Y como ejemplo de la degeneración que pudieran darse, citamos el caso de la interferencia que hace el delegado de la Procuraduría en Manabí a la orden judicial que obligaba a la Empresa Eléctrica Manabí (Emelmanabí) a entregar ciertos datos de interés comunitario, solicitados por El Diario a través de la ley de transparencia, caso que está siendo tratado a alto nivel. Empleados de un organismo del Estado, supuesto a defender los bienes del pueblo ecuatoriano, tratan de impedir que la ciudadanía manabita conozca cómo se manejan sus recursos.