Un inicio tenso se cordializó con un estrecho abrazo entre Acosta y Correa, por iniciativa del primero, como para negar el distanciamiento que se había comentado luego de las discusiones de la reunión anterior. El enfrentamiento fue duro. Se criticó con acritud, por ejemplo, el proyecto redactado para las funciones del Vicepresidente. Al final, salieron las correcciones. Pero el tema primordial era el relacionado con el Mandato para eliminar la tercerización, que tiene 15.000 trabajadores del sector público listos a ser incorporados como trabajadores de planta y en un año, beneficiarios de los contratos colectivos. Los criterios divergentes se conciliaron en una opción combinada: los contratos colectivos no se revisarán en términos generales, pero sí los excesos. Es decir, aquellos que establecen, por ejemplo, viajes, anillos, puestos hereditarios, excención del pago de planillas de servicios, etc. La propuesta implicaría una especie de proceso de homologación de contratos colectivos. Irina Cabezas, Vicepresidenta de la Mesa 6 de Trabajo, aseguró que este entendimiento se logró porque los sectores afines al sindicalismo se dieron cuenta de que no se afectará la estabilidad y otras conquistas que consagran los contratos colectivos. Pero no todos estuvieron representados. El asambleísta Eduardo Alcívar (AP), vinculado al sector sindical eléctrico e integrante de la Mesa 6, dijo que no estuvo en la cita de la noche y que revisará primero los términos de la propuesta acordada para comentar. Las cifras que se manejan y que serán clarificadas en el Pleno -según ofreció Cabezas- permiten establecer que la revisión de excesos en un plazo de un año -a través del Ministerio de Trabajo- afectaría a unos 4.000 trabajadores, de un total de 20.000 sindicalizados en el sector público.