Si la autoridad policial que se llama intendente, comisarios y tenientes políticos comienza por identificar a todo transeúnte, sabremos por sus documentos su identidad y oficio, arbitrando lo que la ley establece en cada caso. Si la autoridad comienza a requisar diaria y permanentemente armas de cualquier tipo, alejamos los matones y el sicariato que ya están aquí. Si la autoridad aplicando la ley requisa los "boleticos del jorteo" que constituyen, además de actividad ilícita, un medio para averiguar sobre posibles víctimas de estafas, secuestros o asaltos, estamos eliminando la información previa al delito. Si la autoridad elimina, aplicando la ley, el agiotismo público que se está imponiendo en nuestros pueblos, no lamentaríamos, como ahora, el estado de completo caos en que nos tienen nuestras complacientes autoridades policiales, no los policías, que al fin y al cabo son a quienes generalmente culpamos equivocadamente. San Vicente, como todos los pueblos manabitas, ha sido referente de paz ciudadana que siempre la hemos compartido y gozado propios y extraños; pero esa franciscana pasividad se la ha estado confundiendo con resignación a vivir en zozobra, en la inseguridad, en la ley de las cavernas, el chantaje, vandalismo, generado por una desacertada política de seguridad ciudadana que no significa dotar a los pueblos de un policía por cada habitante, sino única y exclusivamente de hacer respetar la ley escrita y el orden impuesto por la autoridad. Sólo cuando la autoridad aplique las disposiciones legales que están escritas, sin vender permisos para transgredir la ley, podremos comenzar a restablecer la otrora tranquilidad para transitar y vivir en lo que era la isla de paz. Y la Patria será de todos.