La norma fue apoyada por 95 asambleístas, de los 130 que integran la Constituyente, la mayoría de ellos del movimiento oficialista Alianza País, que tiene 80 escaños, pese a la oposición de la Cámara de Minería, que teme la "muerte" del sector en el país. El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, espera establecer conversaciones con empresas, organizaciones sociales y organismos del sector para conseguir, antes de finales de mayo, un texto suficientemente debatido del proyecto de Ley de Minería, que pasaría a la Asamblea para su aprobación, según un comunicado. La Empresa Nacional Minera "será la encargada de desarrollar los proyectos de interés nacional, así como los de cementos y abonos inorgánicos", agregó el documento. El texto del ministerio precisó que bajo la actual Ley de Minería se habían otorgado hasta julio del año pasado 4.605 concesiones mineras que afectan a 4,6 millones de hectáreas, y recibido para trámite 1.562 que no fueron adjudicadas. De ellas, menos del siete por ciento se encuentra en fase de producción, que proseguirá de acuerdo con el "mandato" aprobado hoy por la Asamblea. Todas estas concesiones han generado al Estado ecuatoriano 25 millones de dólares en los últimos ocho años, ya que el fisco no ha recibido regalías por la producción sino solo por el pago de patentes, según el ministerio. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que el "mandato minero" busca eliminar todas las concesiones entregadas de forma irregular y descartó que esa ley anule la actividad del sector en el país, como temen los empresarios mineros. Correa señaló que el dilema actual no es decir sí o no a este sector, "sino buscar una minería responsable, económica, social y ambientalmente" sustentable.