Al margen de las prebendas que, se asegura, buscan los obreros sindicalizados, entre ellas que no les cobre ciertas obligaciones en el servicio que proporciona la empresa y que se les permita ser reemplazados por sus familiares en caso de renuncia, jubilación o muerte, lo grave es que la suspensión de actividades puede ocasionar un problema sanitario. Los mismos dirigentes lo advirtieron: queda poca reserva de químicos para la potabilización del agua. Si se agotan, Manta y los otros cantones que se abastecen de la planta El Ceibal podrían quedar desabastecidos. Más grave, aún, se pudiera entregar a las poblaciones agua sin el debido tratamiento, lo cual podría generar enfermedades por el alto nivel de contaminación que tiene el río Portoviejo. La paralización ha suspendido todas las actividades, incluso las administrativas. Las autoridades de la EAPAM aseguran que no pueden realizar ninguna gestión porque el edificio está tomado. El cobro de planillas también está suspendido, con lo que esa entidad deja de percibir ingresos por los servicios que presta. Esto, sin duda, se revertirá contra los mismos huelguistas pues no habrá dinero para pagar sus salarios. Los intereses de un sindicato no pueden contraponerse a las necesidades de toda una población. Es un error permitir la toma total de los locales de instituciones públicas, impidiendo a los ciudadanos el derecho a gozar de servicios eficientes y de calidad, como mandan las leyes, como ha ocurrido en hospitales, municipios y otras entidades.