Actualizado hace: 3 minutos
EL CARMEN
Prohíben explotar minas sin estudio ambiental
AFECTACIÓN El canal por donde fluye el agua hacia el río Chila y lo contamina

Mientras las compañías Hidalgo & Hidalgo y Verdú no presenten los estudios de impacto ambiental, no podrán seguir extrayendo el material pétreo de las riberas del río Chila de El Carmen.

Sábado 27 Octubre 2007 | 21:52

Esa es la postura de los pobladores de las riberas del río y representantes de instituciones de El Carmen, quienes no aceptaron el pedido que el miércoles hizo el gobernador de Manabí, Vicente Véliz, para que se permita explotar las minas de piedra a orillas del río. De los terrenos adquiridos junto al río Chila, Hidalgo & Hidalgo y Verdú extraían el material pétreo, que utilizaban en la construcción de la vía El Carmen-Chone. Los pobladores no vieron bien la destrucción que se hacía al ecosistema de la zona y reclamaron. Como no tuvieron repuestas, el pasado sábado se tomaron las minas y expulsaron a las empresas. Otorgan plazo Para mediar en el conflicto el gobernador Véliz recorrió el lugar la tarde del miércoles; la autoridad constató la existencia de extensas y profundas lagunas de agua que ha quedado del lugar del que las compañías han extraído la piedra. Aún cuando el representante del Ejecutivo evidenció los daños causados al ecosistema, insistía que se permita trabajar a las constructoras, pero los pobladores se mantuvieron en su posición. Entonces se resolvió que en el plazo de dos meses se realicen los estudios de impacto ambiental, el plan de monitoreo ambiental, de contingencia y el plan de abandono. Regeneración de la zona El último punto consiste en la bioregeneración de la zona devastada por la extracción de la piedra, que deberán hacer las compañías antes de abandonar el lugar. Durante el tiempo que durarán los estudios, Hidalgo & Hidalgo y Verdú tampoco podrán utilizar el material acumulado. Solanda Cabrera, presidenta de la junta cívica de El Carmen, manifestó que no se busca impedir el trabajo de las empresas, porque tienen un objetivo común, sino obligarlas a ellas y al Estado a que cumplan con la ley y respeten el ecosistema de la zona.
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