El tema se reactiva tras la creciente cantidad de accidentes, provocando víctimas fatales por la imprudencia, impericia o irresponsabilidad de los conductores del transporte público. Las reformas pretenden, entre otras cosas, que ciertas infracciones no sean susceptibles de fianza y los autores reciban una pena. Para ello, según Masson, urge adecuar disposiciones del nuevo Código Penal común a normas penales de tránsito, en caso de la fuga de los conductores, por ejemplo, entre otros. También, dijo,  hay que otorgar al Consejo Nacional de Tránsito y a sus direcciones provinciales una estructura ejecutiva y más operativa, que le permita ejercer sus funciones de manera oportuna y adecuada, a favor del tránsito y transporte terrestre; establecer procedimientos adecuados para el cobro de multas y demás sanciones pecuniarias acordes con el sistema monetario y económico vigente. La discusión también prevé  regular el uso individual del cinturón de seguridad en unidades de transporte público para disminuir los índices de mortalidad y heridos en los accidentes. Dirigentes de transportistas, funcionarios de Justicia Vial y de la Cruz Roja, asistieron a la Comisión para participar de la discusión.