Quienes tomen parte de ella tienen la oportunidad y responsabilidad cívica de debatir con altura y con conocimiento jurídico el aporte de sus experiencias, con los principios del Derecho Universal y el sustento de la lógica jurídica, sin presión e imposición de nadie para así transformar el marco jurídico del estado ecuatoriano. Tesis, propuestas y proyectos políticos serán la tónica referencial de los mismos, sin que se pretenda favorecer a un privilegiado grupo social en detrimento de otros, ni que tengan las intenciones de interrumpir su misión para la cual fueron elegidos; respetando las labores del Estado como son: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no romper las normas constitucionales vigentes. Que en uno de sus artículos quede definitivamente incluida la garantía de los Derechos Humanos –derecho a la vida desde su gestación, la libertad, salud, educación y al trabajo-, siendo una regla indefectible que no pueden dejar de ser, ni tener las intenciones de elevar a una determinada clase sobre otras clases sociales marginadas económicamente; dictando como resolución la providencia que garantice el camino correcto por donde tenemos que transitar constitucionalmente en el presente y en el futuro los ecuatorianos.