Lo ocurrido debe ser investigado a fondo por organismos como la Asamblea Nacional, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Más allá de los correctivos, acertados o no, que haya tomado el Ejecutivo, se debe determinar responsabilidades y, de haberlas, establecer sanciones severas.

No es justo que mientras el país demanda la solidaridad de todos los ciudadanos, mientras hay personas que no reciben la atención de calidad que se pregona debido a la falta de recursos en los hospitales, se haya pretendido abusar de los fondos públicos.

Si bien la emergencia demanda la intervención rápida en procesos de contratación y compra, debe existir control sin que lleve a afectarse la fluidez que se demanda en estos casos.

Un gran paso es la determinación de publicar las contrataciones para asegurar su transparencia, pero será mucho más útil para los ciudadanos si todos pueden entender la información. De lo contrario, será solo un cumplimiento de mero trámite.

Para después de esto, es de esperar que se empiece a pensar en formas de castigar la corrupción con mayor frontalidad, respetando, eso sí, los derechos individuales, para que el mal uso de los fondos públicos no quede impune.