El calendario electoral fue aprobado el 12 de marzo pasado y, según las previsiones, debe iniciar el 28 de abril con el cierre de la zonificación y la organización territorial. Ya en el área de la atención directa a los ciudadanos, entre el 5 y el 14 de mayo debe comenzar la campaña de cambios de domicilio. La primera vuelta está anunciada para el 13 de febrero del 2021.

En las condiciones actuales, no hay garantías para que las personas y las organizaciones políticas realicen sus actividades previas a un proceso electoral. La incertidumbre es tal que ni siquiera se pueden definir precandidaturas y, menos, pensar en elecciones primarias al interior de cada grupo.

Las restricciones de desplazamiento y la crisis económica, sanitaria y social que ha conllevado la súbita expansión del coronavirus obligan a determinar prioridades, y unas elecciones no lo son. Incluso, por ahora, el Estado debe enfilar todos sus recursos económicos y humanos a paliar la situación y evitar el recrudecimiento de la enfermedad.  

La democracia no se verá afectada si el proceso electoral se posterga unos meses, hasta que haya estabilidad; por el contrario, se verá fortalecida y eso será una garantía de transparencia.