Para ello es necesario que se exploren todas las alternativas, inclusive en el sector privado. 

Es muy grave la ratificación de que las jubilaciones aumentan a un mayor ritmo que las afiliaciones. Mientras el primer grupo creció a una tasa anual del 6 por ciento durante los tres últimos años, el segundo lo hizo apenas en 2%. 

Esto genera una presión financiera, pero, además, va tornando inviable el fondo de invalidez, vejez y muerte. 

Hay que recordar que el fondo se nutre de tres fuentes: el 40 por ciento de dinero que entrega el Estado, los rendimientos de las inversiones del Biess y los aportes que realizan los afiliados. Cuando el Estado dejó de aportar el 40% durante tres años, el IESS tuvo que tomar de sus ahorros para cubrir el déficit. Esto provocó una desinversión de unos 1.700 millones de dólares cada año. 

En el 2018 la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa parte de la ley y para el año siguiente el Estado tuvo que volver a contribuir, pero ha cumplido sólo con el 28% de los recursos. Si no cubre su aporte o lo sigue haciendo parcialmente, el tema se complicará más.

Hay una bomba que explotará en lo social. Hay que desactivarla.