En algunos casos, estas viviendas fueron entregadas a personas que no las necesitaban, como se ha detectado en las inspecciones posteriores. Por eso es justo que se haya hecho un seguimiento de cada uno, con el fin de identificar a quienes dan a las casas que les entregó el Estado un uso inadecuado, aunque no sea ilícito.

Entre los casos encontrados figuran los de beneficiarios que alquilaban las viviendas o que no las ocupaban, lo cual no se ajusta a las condiciones bajo las que les fueron asignadas. Como ha ocurrido, es correcto que les hayan retirado la titularidad y se la hayan entregado a otras familias que sí las necesitaban.

Con esto, si bien se está tratando de enmendar errores, se revela también que hubo omisiones o conveniencias al analizar los casos, lo cual también debería ser investigado por las autoridades y, de ser necesario, denunciado.

Además, es preciso que el Gobierno dé celeridad a los pasos para que se termine de construir las viviendas de familias que resultaron afectadas por el terremoto que, tras un proceso poco claro, fueron asignadas a contratistas que las abandonaron.