La votación fue suspendida a las 11h11 hora local, cuatro horas después de que se abrieran los colegios electorales, en momentos que había largas filas ante los centros de votación en Santo Domingo y en las otras 17 ciudades que se trataba de implementar este sistema.

La suspensión es inédita en un país que ha gozado de estabilidad en las últimas décadas y que, al margen de las habituales denuncias de fraude, celebraba elecciones regularmente desde 1966.

Los problemas técnicos fueron constatados por las autoridades electorales en la noche del sábado y comunicados a los partidos políticos y a los observadores internacionales.

La falla técnica provocó que no aparecieran todos los partidos o candidatos en la pantalla de las máquinas de votación, lo que generó airadas críticas de las fuerzas políticas afectadas en las primeras horas del día.

A pesar de conocer los errores, la Junta Central Electoral (JCE) no decidió interrumpir el proceso hasta que se constató que los fallos se produjeron de forma generalizada en aquellas circunscripciones en donde se usaba el voto automatizado.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la nueva fecha de las elecciones se decidirá en acuerdo con "el liderazgo nacional".

La Ley Electoral fija un plazo de 30 días para convocar las elecciones después de que se confirme la anulación del proceso, aunque algunos sectores políticos no descartan que se hagan coincidir con las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.

La suspensión de las votaciones causó un torrente de acusaciones cruzadas entre los principales partidos políticos y un aluvión aún mayor de críticas hacia la autoridad electoral.

El líder opositor Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la suspensión de los comicios es un grave atropello a los derechos democráticos" de los ciudadanos, lo que desemboca en una "grave crisis institucional".

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación del presidente, Danilo Medina, aseveró que se produjo un "sabotaje" en las máquinas de votación y acusó de participar en él a "sectores internos" del organismo electoral.

Aunque no acusó abiertamente a la oposición de ser responsable del presunto sabotaje, el presidente del PLD, Temístocles Montás, sí sostuvo que los opositores son los principales beneficiarios del mismo.

Del mismo modo, arremetió contra Abinader por "presionar" a la Junta para que suspendiera las elecciones y acusó a la oposición de haber desacreditado el sistema de voto automatizado desde que se puso en prueba.

El voto automatizado permite elegir el candidato en una pantalla y después imprime la papeleta, que se debe introducir en la urna; su gran ventaja es que permite acelerar el recuento.

Las máquinas de votación se usaron por vez primera, con gran polémica, en las primarias del pasado 6 de octubre, que celebraron el PLD y el PRM, los dos mayores partidos del país.

El expresidente Leonel Fernández, principal opositor a esta tecnología, desacreditó constantemente el sistema que, según su versión, fue clave para cometer un fraude en su contra y favorecer en las primarias a Gonzalo Castillo, ahijado político del actual mandatario y ahora aspirante presidencial.

Debido a estas polémicas, la autoridad electoral decidió acotar el uso del voto automatizado en las municipales a 1.772 recintos, el 11 % del total, pero que representan cerca del 60 % del electorado.

En el resto de las circunscripciones, en su mayoría en zonas rurales, los electores estaban marcando su voto a mano en las boletas de papel, como se hizo siempre.

La suspensión ha tenido un alto coste para un país de 10 millones de habitantes y un nivel de renta medio.

La JCE adquirió 55.000 máquinas de votación, que podrían no volver a utilizarse, a un coste de 19 millones de dólares desembolsados a la empresa Digiworld, ganadora de la licitación.

A este dinero, se suma el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para la organización de las elecciones, que ascendía a 3.182,9 millones de pesos (unos 60 millones de dólares).

A parte de los presupuestos oficiales, la suspensión también tuvo repercusión en el bolsillo de algunos ciudadanos.

Una electora, Beatriz Díaz, dijo a Efe en un colegio electoral que su hija se había desplazado desde Estados Unidos por las elecciones y se tuvo que marchar "sin poder votar". EFE