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El defensor del pueblo Freddy Carrión pide "respeto" y "protección" al Estado ecuatoriano

El titular de la Defensoría del Pueblo en Ecuador, Freddy Carrión, pidió este viernes en una carta abierta difundida por la entidad que dirige, "respeto" y "protección" al Estado, después de ser blanco de varias amenazas de muerte.

Viernes 14 Febrero 2020 | 13:36

En la misiva, Carrión menciona que tanto la Defensoría del Pueblo como él han sido "blanco de varios ataques que tienen como objetivo debilitar su accionar", además de "afectar la alta credibilidad institucional de la cual goza".

"Los ataques, amenazas y hostigamiento hacia mí se han intensificado en los últimos días y esto resulta en una afectación para mi esposa, mis hijos, mi familia", reza el escrito.
Con todo, ratifica su compromiso con su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, y exige "del Estado ecuatoriano respeto y protección para todas y todos los que ejercemos diariamente esta labor".
Recuerda que el rol fundamental de la entidad "dentro de una democracia sólida" es el de motivar activamente el respeto y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos por parte de autoridades públicas, así como proteger a los sujetos más vulnerables ante los abusos de poder.
El pasado miércoles denunció ante las autoridades el haber recibido amenazas de muerte y varios ataques por parte de medios de comunicación y usuarios de redes sociales, además de "falsas acusaciones con enfoque político, producidos a partir de especulaciones".
Carrión ha sido cuestionado en torno al supuesto posicionamiento de la Defensoría sobre las protestas sociales de octubre de 2019, contexto en el que denunció "vulneraciones" a los derechos humanos.
Los disturbios que se registraron en el marco de unas protestas contra medidas de ajuste presupuestario adoptadas por el Gobierno, dejaron según la entidad una decena de fallecidos, 1.300 heridos y más de un millar de detenidos, la mayoría liberados sin cargos.
Hoy, la carta del defensor asegura que en un país donde "la tasa de pobreza llega a casi el 25 % y, donde la desigualdad aumenta año tras año, es indispensable que una institución pública interpele a todas las funciones del Estado en el camino al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población".
Enumera diferentes situaciones de vulneración de derechos, que afectan a jubilados, trabajadoras en estado de gestación o lactancia, afrodescendientes bajo condiciones de esclavitud moderna, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, así como movimientos sociales e indígenas.
Sobre estos últimos, aclara que su función es la de garantizar "su derecho a la protesta social pacífica ante la pretensión de implementar medidas económicas en desmedro de la equidad social".
Y subraya que esa labor puede resultar "incómoda" a muchas personas, especialmente "a quienes están en una posición de poder".
Asimismo censura que la Defensoría se encuentra en una situación de bloqueo ante la imposibilidad de implementar una nueva ley orgánica de la institución.
Asegura que desde noviembre del año pasado se espera que la aplicación de esa legislación sirva para establecer una nueva estructura institucional, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas aún debe ratificarla.
Censura, por otro lado, que la institución ha sufrido una disminución de cerca de un millón de dólares en su presupuesto, respecto a 2020.
El defensor dice ser víctima de "acusaciones de corrupción malintencionadas", a través de publicaciones que buscan, "desde la descontextualización y sin asidero legal", cuestionar su ética, transparencia y honestidad, hechos que están siendo investigados por las autoridades. EFE
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