La responsabilidad de este trabajo recae tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que son las dos instancias que intervienen en el proceso de formación de las leyes. 

Si bien los reglamentos son normas secundarias, subordinadas, son los que precisan los ámbitos y formas de aplicación de la ley, que en algunos casos establece disposiciones genéricas. Sin ellos, algunas normas no podrían aplicarse o dejarían vacíos.

La Asamblea Nacional acaba de aprobar la creación del Sistema de Gestión, Seguimiento y Evaluación de la Ley, que, se espera, se encargará de vigilar todo el proceso de la emisión de las leyes y reglamentos. Es de esperar que este organismo cumpla su función a cabalidad y que se convierta en un ente integrador del trabajo que, en este ámbito, deben cumplir ambos poderes del Estado.

Además, se hace necesario que el Gobierno designe una comisión jurídica para que revise las leyes que requieren reglamentación, a fin de que se comience a trabajar en ello.

La labor no debe quedar en la publicación de las leyes en el Registro Oficial, sino que debe continuar hasta la expedición de los respectivos reglamentos. Es, necesario, incluso, para la salud jurídica del Estado.