El Gobierno debe optimizar los recursos en el área de salud pública, con el fin de que no se supriman servicios que son vitales para la población.

La crisis presupuestaria afecta a todos los sectores, también al de la salud, imprescindible y elemental para el bienestar de los ciudadanos, lo que ha llevado a las autoridades a establecer medidas como la restricción de algunas prestaciones y el despido de servidores públicos, entre ellos algunos médicos especialistas.

El Gobierno necesita reducir gastos por seis millones de dólares y a Manabí le corresponde bajar el 80 por ciento de esa cifra. Con esto, se convierte en la provincia más afectada por los recortes que han sido dispuestos desde Quito.

Una disminución del presupuesto no debe ser una camisa de fuerza para los funcionarios que pueden verse obligados a tomar medidas que terminan por afectar los servicios de un área tan básica como esta. Más bien, se debe pensar en cómo optimizar los recursos disponibles para no mermar la calidad de la atención.

El Gobierno no debe ignorar el hecho de que la crisis también afecta a los ciudadanos. Recortar servicios como la provisión de medicamentos e insumos en áreas tan estratégicas como las emergencias no es acertado. Con ello se apuesta a la vida.

La crisis existe; lo que hay que buscar son las formas de que afecte lo menos posible, sobre todo a las personas en condición de pobreza.