La donación y trasplante de órganos, pese a ser una política de Estado, no se cumple en el país por falta de infraestructura y porque no se ha concienciado en forma suficiente a los ciudadanos.

Como muchos proyectos públicos, comenzó con fuerza y se ha detenido porque no existen los recursos para su aplicación.

En Manabí, por ejemplo, no hay equipamiento para la preservación de los órganos que se pudieran obtener de los donantes ni para realizar trasplantes que, en muchos casos, requieren complejos procedimientos quirúrgicos.

La ley señala que todos los habitantes de Ecuador son donantes de órganos, a menos que expresen su decisión contraria. Siendo así, más del 90 por ciento de ecuatorianos es considerado donante, pero esto se da en papeles, porque en la práctica no se cumple, simplemente porque falta capacidad para que se cumpla.

Si la realidad fuera diferente, no habría tantas personas formando una extensa lista de espera en el sistema de salud pública.

Si la ley no puede aplicarse como está, que se la reforme. Pero lo ideal sería que se conservara el espíritu de la donación de órganos, pues con ellos se salvan vidas y se devuelve la alegría a los beneficiados.

El Gobierno es el que debe tomar las decisiones en este caso.