Es lamentable que durante una reciente visita presidencial a Cuenca, comunicadores hayan sido amenazados y agredidos por personas que se identificaron abiertamente como seguidores del Gobierno. Es reprochable que, incluso, les hayan arrebatado el teléfono celular a periodistas que registraban protestas de rechazo a la visita presidencial.

Estas acciones son el resultado de la estigmatización iniciada por quienes desde el régimen pasado persiguieron e insultaron a la prensa, a la que declararon su enemiga por dar espacio a expresiones críticas. Con tristeza se ve que continúan, aun cuando en los tres últimos años el discurso parece haber cambiado.

El trabajo de los comunicadores se ve afectado, también, cuando funcionarios públicos se niegan a proporcionar información pública, cuando se utiliza una ley para amenazar a los medios por publicaciones que no son del agrado de los funcionarios, cuando se condiciona la entrega de datos.

Si el Gobierno está, en verdad, comprometido con el respeto a las libertades individuales, debe dar garantías al trabajo de los comunicadores. La información no es un bien de los funcionarios, es de los ciudadanos.