La reciente actuación de un uniformado en Guayaquil, que se enfrentó a cuatro presuntos antisociales y, a consecuencia de ello, murió una persona y otra resultó herida, ha causado conmoción en el país.

En este caso, está bien que la Policía haya emprendido una investigación rápida y exhaustiva sobre este suceso. Si se determina que el uso progresivo de la fuerza se aplicó en forma adecuada, la Policía y el Estado deben respaldar a ese servidor público y, de igual forma, la sociedad civil debería cerrar fuerzas alrededor de su actuación.

Los agentes del orden no pueden seguir en la duda de si utilizan o no su arma de dotación en casos de extrema necesidad. No pueden manifestar temor de que el mismo Estado se vuelva contra ellos y los detenga, aunque sea para investigaciones. Ya el país ha tenido algunos casos de este tipo.

Eso sí, tales acciones se justifican cuando haya necesidad extrema. Los recursos policiales deben usarse de forma adecuada, dentro de sus competencias y sin excesos.

Los policías fueron preparados para defender a los ciudadanos y sus bienes, por ello deben estar seguros de que, cuando actúan con fuerza y correctamente, serán respaldados.