Es que, en la práctica, con esta modalidad pareciera que, en lo que corresponde a Manabí, dividido en norte y sur, la representación de la voluntad popular no es realmente de la provincia en su conjunto porque ha sido fraccionada en dos partes.

Específicamente, los del norte sectorialmente han elegido a los asambleístas de su simpatía, con quienes los habitantes de la jurisdicción provincial sur no se sienten vinculados. Y viceversa. Consecuentemente hay una separación, que no significa una coherente representación provincial.

La intención de la creación de los distritos en las provincias con mayor poder votante - Guayas, Pichincha, Manabí - fue lograr que los elegidos sean personas más cercanas a la realidad de los pueblos de cada distrito, para que puedan concretar con mayor eficiencia mejoras a las necesidades propias que aquellos que no son residentes del sector.

Y también para una distribución equitativa de sus representantes, pues existían quejas de que de solo ciertos lugares geográficos procedían los candidatos, en detrimento del resto.

Aunque, realmente, esto de las jurisdicciones electorales es solamente una modalidad de elegir, como lo es la de asambleístas nacionales y provinciales, pues cuando están en el Parlamento todos son iguales. Y la obligación es legislar para el país, no para provincias, peor para distritos, si es que no se demuestran imperiosos motivos que justifiquen la creación de leyes específicas para ciertas zonas o localidades.

Y en esto último se ha evidenciado una lastimosa ausencia de capacidad para elaborarlas, así como de verdaderas intenciones para proponerlas, porque, con honrosas excepciones, destacan más figuración, oportunismo o extremada dependencia política, por sobre la obligación de servir a su provincia.

Igual deberá ser para la selección de concejales, pues la realidad contraría las intenciones de la ley. Por lo menos así lo muestran los indicadores populares del vivir diario, pues constantemente los barrios y ciudadelas están reclamando obras a  los municipios, situación que deberían afrontarlas los concejales de los distritos urbanos, excepto que sea para reforzar sus pedidos, lo que se desconoce haya sucedido.

La Asamblea tiene hasta fin de mes para pronunciarse.