Las tendencias desreguladoras en el ámbito laboral, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y la proliferación de nuevos profesionales en periodismo, han sido factores que inciden en la mayor inestabilidad con salarios indecentes, abuso en los contratos y prácticas sin remuneración, largos horarios y degradación general de los derechos de los periodistas.

Los Estatutos del Periodista Profesional son una regulación de los deberes y derechos de la profesión, según la legislación de cada país. 

En los países de Europa, la figura del periodista profesional se regula mediante estatutos o con modelos que corresponden a sus respectivas legislaciones democráticas, mientras que en Francia desde los años 30 se reconoce un conjunto de derechos específicos, entre los que destaca el derecho a invocar para rescindir la relación laboral de modo ventajoso para el periodista. En los países anglosajones, está marcado por una autorregulación a través de asociaciones de periodistas profesionales. 

En el caso de Ecuador, el reconocimiento a los periodistas se dio con la Ley promulgada en el Registro Oficial Nº 900 del 30 de septiembre de 1975, con la cual se crearon los Colegios de Periodistas y la máxima organización, la FENAPE, que a la vez cobija a todos los Colegios de Periodistas del Ecuador, y que, gracias al acuerdo ministerial con las universidades, la UNP y la CNPE, se ejecutó el Decreto Supremo No. 799-B del 18 de septiembre de 1975, como Ley de Ejercicio Profesional de los Periodistas. 

Pero, dicha ley, que supuestamente protege al Cuarto Poder del Estado, no se aplica del todo. El Gobierno, las instituciones y los servidores públicos no respetan la Ley y los estatutos del periodista profesional. Porque ningún gobierno quiere que se conozcan las malas prácticas y los abusos de poder de todos los que están involucrados al servicio del Estado. 

Por lo tanto, los medios de comunicación tienen el deber y derecho de acatar dichas Leyes y Estatutos de los Profesionales de la Comunicación, porque son las que garantizan la libertad de expresión y las que evitan la intromisión de control del poder político en los medios de prensa, la radio, la televisión y las redes sociales.