Actualizado hace: 936 días 18 horas 40 minutos
Enrique Delgado Coppiano
Empleos y compras locales

Sábado 14 Diciembre 2019 | 04:00

En cualquier ciudad del país que no sea Quito, Guayaquil o Cuenca, el mayor réclame ciudadano, si se habla de situación económica, es que no hay plazas de trabajo ni movimiento monetario local, pese a que el gobierno central anuncia la contratación de millones de dólares en obras públicas, y se expresa se está generando puestos laborales. 

Posiblemente si se han contratado muchos frentes de trabajo y si usted felicita a un representante de las localidades, sean privados o públicos escuchará lo siguiente: sí se contrató, un hospital, varios edificios escolares y una o más vías hacia tal o cual lugar, pero para trabajar en ello llegaron decenas de obreros de afuera, pues se expresa que ya son experimentados. 
Igualmente, los materiales e insumos llegan desde las ciudades ya citadas desde distribuidoras, dicen, reconocidas. Los de los centros medianos o pequeños sólo verán pasar los vehículos que llegan a descargar, y para ver si el proyecto avanza, mirar de lejos por un hueco para ver cómo se levantan estructuras, pisos, torres, tejados, bien enlucidos y desear que la obra termine pronto para servir a la ciudadanía, pero no siempre se cumplen plazos y calidad o equipamiento en la obra pública, son muchos los retrasos.
Volviendo a la forma de contratar, debe sin duda existir una exigencia a las grandes compañías para que en términos legales posibles se incentive también el movimiento económico de las ciudades pequeñas, contratando el mayor número de mano de obra en los centros de trabajo y por igual se compre en los centros comerciales locales, si los precios y materiales tienen cotizaciones iguales o más ventajosas que en los grandes monopolios de mayores urbes. Así sí se lograría un crecimiento económico que beneficie a un mayor número de ecuatorianos que también requieren mejorar sus estados económicos y poder seguir siendo parte activa del tan mencionado desarrollo nacional equilibrado.
La Ley de Solidaridad señala que para reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto, se debe priorizar la contratación de empresas, profesionales, bienes y servicios de origen local. El Gobierno debería obligar a los entes estatales a cumplirlo.
Si se obrara de esta manera, consideramos sí se ejecutaría una reactivación económica de las zonas Manabí – Esmeraldas, que fueron las víctimas más afectadas del sismo 16A.  No es fácil lograrlo, pero se debe intentarlo, para mantener la tesis del llamado desarrollo sostenible igualitario.
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