En una sociedad hipercomunicada, la telefonía celular se ha convertido en una necesidad, no es un lujo. El teléfono móvil es una herramienta que facilita la comunicación con la familia, con el entorno laboral, con los amigos. Es, también, un instrumento de trabajo.

Entonces, aplicar un impuesto sobre este tipo servicio es una medida desacertada. Es como si se gravara la movilización terrestre o las compras en supermercados.

Si el espíritu de la ley es, como promueve el Gobierno, cobrar a quienes más recursos tienen, imponer un tributo por usar un plan de telefonía no responde a ese propósito. La comunicación por esta vía no es una actividad de lujo; es parte de la cotidianidad y responde a una necesidad humana, y quienes recurren a ella son personas de toda condición económica.

El presidente de la República debería revisar la propuesta de aplicar este impuesto y pensar bien en su conveniencia, antes de vetar o poner el Ejecútese a la ley. Todavía se puede rectificar.

El veto en este punto es conveniente para el gran número de ciudadanos que ha contratado planes pospago de telefonía celular.