Las tres personas están detenidas mientras dura la etapa de instrucción fiscal por un posible delito de rebelión, pues se los acusa de tratar de desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno a raíz de las protestas ocurridas en octubre.

La CIDH ha pedido que se respeten los derechos políticos de quienes fueron elegidos por voto popular y que se adopten medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las tres personas.

Es necesario que el Estado respete y acepte el pedido del organismo internacional y, al mismo tiempo, que se encamine una investigación para determinar si existieron fallas en el proceso, aparte de la que impulsa la Fiscalía por la supuesta rebelión.

Si realmente hubo abusos, que se señale a los responsables y se reconozcan los errores cometidos; si no existieron, que se den las explicaciones a que haya lugar.

Ecuador debe honrar los compromisos y acuerdos internacionales a los que se ha suscrito, más si, como dice el documento de la Convención Americana de los Derechos Humanos, son para “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio”.