Nos determinamos hablar de ello, puesto que quien suscribe este artículo es actualmente estudiante de la primer promoción de la Maestría de Investigación en Desarrollo Local, de la Universidad Técnica de Manabí. Es menester mencionar que el programa académico cuenta con treinta estudiantes, treinta compañeros de un alto nivel de discusión, análisis, reflexión y capacidad investigativa, que avanzan en su periplo académico hacia un objetivo, el de constituirse en agentes del desarrollo y poner al servicio de la sociedad todo lo aprendido.

Ecuador dio pasos importantes en los últimos años, aprovechando las ventajas comerciales que tuvo producto de la alta demanda de comodities en el mundo, lo que le permitió tener ingresos extraordinarios y elevar la inversión pública, aunque con algunas contradicciones en el modelo económico-productivo del Estado, de las que hablaremos en algún momento.

Se apostó por la descentralización y se normó los procesos de planificación del desarrollo en términos locales con el COOTAD, el COPFP y la propia Constitución, normas y leyes alineadas lógicamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU y a los que se comprometen alcanzar los países miembros.

En Ecuador los GAD en sus tres niveles: provinciales, cantonales y parroquiales, enfrentaron entonces el gran desafío de definir sus estrategias de desarrollo.

En marzo de este año hubo elecciones seccionales, lo que implica que las nuevas administraciones deben iniciar los procesos de actualización de los PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial).

Estos procesos ya han iniciado, es responsabilidad de las y los ciudadanos vincularnos en términos participativos y compromiso cívico en sus fases de diagnóstico, construcción de propuesta y modelo de gestión. Pues ello determina la orientación del uso de los recursos, en términos de inversión pública desde los gobiernos locales, es decir marca la ruta hacia el desarrollo; el no definirla bien, sólo dificulta y atrasa la consecución del desarrollo local. Debemos exigir alta preparación a los técnicos y planificadores de los GAD, y de la misma manera para los grupos consultores que suelen asistir estos procesos.