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Quito
Jarrín justifica el uso de armas ante resistencia

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló que el Manual de Derecho de Operaciones Militares autoriza el uso de armas.

Sábado 30 Noviembre 2019 | 04:00

Pueden ser de fuego o letales cuando hay un nivel de “resistencia agresiva agravada”, pero la decisión de las autoridades fue no hacerlo. 

Jarrín hizo estas declaraciones respecto al pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado ecuatoriano de que se investigue el posible uso desproporcionado de la fuerza en la paralización de octubre. 
El ministro coincidió en que es preciso investigar si hubo o no el uso progresivo de la fuerza, pero “lo que no admite siquiera consideración es que sea innecesario”. 
Insistió en la disposición del Ministerio de Defensa de no usar armas de fuego y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) acataron disciplinadamente esa orden. 
En tanto, el canciller José Valencia señaló que la voluntad del Estado ecuatoriano es que cualquier “exceso” en los hechos de octubre debe ser investigado y está siendo investigado ya por las autoridades correspondientes. “Nadie en el Ecuador puede estar por encima de la ley”.
Informe. La misión de expertos de la ONU que investigó sobre el terreno las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre recogió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la Policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, recibió denuncias sobre al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, según un comunicado del organismo publicado ayer.
Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos, en los que se denunció que los agentes del orden -policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción- no se ajustaron a normas o criterios internacionales al recurrir a un “empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”. 
El comunicado resaltó como un “patrón inquietante” el gran número de detenciones arbitrarias denunciadas durante toda la crisis, en varios casos de forma masiva y “sin pruebas concretas contra los detenidos”.Pueden ser de fuego o letales cuando hay un nivel de “resistencia agresiva agravada”, pero la decisión de las autoridades fue no hacerlo. 
Jarrín hizo estas declaraciones respecto al pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado ecuatoriano de que se investigue el posible uso desproporcionado de la fuerza en la paralización de octubre. 
El ministro coincidió en que es preciso investigar si hubo o no el uso progresivo de la fuerza, pero “lo que no admite siquiera consideración es que sea innecesario”. 
Insistió en la disposición del Ministerio de Defensa de no usar armas de fuego y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) acataron disciplinadamente esa orden. 
En tanto, el canciller José Valencia señaló que la voluntad del Estado ecuatoriano es que cualquier “exceso” en los hechos de octubre debe ser investigado y está siendo investigado ya por las autoridades correspondientes. “Nadie en el Ecuador puede estar por encima de la ley”.
Informe. La misión de expertos de la ONU que investigó sobre el terreno las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre recogió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la Policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, recibió denuncias sobre al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, según un comunicado del organismo publicado ayer.
Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos, en los que se denunció que los agentes del orden -policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción- no se ajustaron a normas o criterios internacionales al recurrir a un “empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”. 
El comunicado resaltó como un “patrón inquietante” el gran número de detenciones arbitrarias denunciadas durante toda la crisis, en varios casos de forma masiva y “sin pruebas concretas contra los detenidos”.
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