Como cómplices fueron señalados Joffre Poma, asambleísta de la Revolución Ciudadana (correísmo); Amado Chávez, prefecto de Sucumbíos; Darío Torres, Jenny Rodríguez y José Gómez, a quienes se los sentenció a 1 año 4 meses. 

Víctor Burbano, concejal; Antonio Villamil, Roberto Pachacama, y Vinicio Chacha fueron condenados a 4 años de prisión, como autores del delito. 

Los nueve procesados, quienes deberán pagar multas y reparaciones económicas, habrían participado de una manifestación que terminó en un ingreso violento a un pozo petrolero de Petroamazonas. 

Según la Fiscalía, los manifestantes obligaron a dos técnicos petroleros a paralizar el transporte de crudo por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Estimaciones de la Empresa Pública Petroecuador señalan que la paralización de más de dos horas del Sote produjo una pérdida de $1,7 millones.

 Testimonio.  Los coidearios de Joffre Poma, es decir Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que tienen protección política en la embajada de México en Quito, comparecieron vía videoconferencia y señalaron que son perseguidos políticos. 

“Si el gobierno ecuatoriano, si la propia Asamblea Nacional no es capaz de proteger a una ciudadana, a una parlamentaria, yo agradezco que haya otro gobierno, como el gobierno mexicano, que sí haya 

considerado esta protección”, dijo Gabriela Rivadeneira.

Buendía afirmó que desde el 2017 recibe amenazas, que ha denunciado en la Fiscalía sin recibir respuesta favorable. “Me vi obligada a dejar mi domicilio y pedir protección internacional”, manifestó la legisladora.