La investigación no debe centrarse únicamente en las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública; debe incluir las agresiones a ciudadanos que salieron a trabajar, a quienes fueron obligados a sumarse a la protesta, a quienes sufrieron el ataque de vándalos y delincuentes comunes en sus propiedades, a las instituciones que resultaron afectadas.

Esa comisión debe ser independiente y analizar los hechos a la luz de la verdad, más allá del contexto de la protesta social. La vulneración de los derechos ciudadanos no se dio solamente con la intervención policial sino también con acciones como el bloqueo de vías, la interrupción de servicios básicos y los daños a la propiedad.

Es innegable que la protesta gremial y de grupos sociales derivó en violencia y vandalismo. El Gobierno ha señalado que hubo instigadores que deformaron los reclamos y convirtieron el descontento en ataques a policías, militares y ciudadanos. 

A partir de los resultados de la indagación que realice esa comisión, los responsables, sean quienes fueren, deben ser llevados ante la justicia para que respondan por los excesos. El país no merece otra historia como esta.