Tras la derogación del Decreto Ejecutivo 883, que liberaba el precio de los combustibles, el Gobierno debe apurarse en replantear sus finanzas públicas.

Es cierto, el subsidio a los combustibles no debería mantenerse, pero también es cierto que duplicar el precio del diésel de una sola vez fue una medida económica y política equivocada. El Gobierno no calculó el gran impacto social de la súbita eliminación del subsidio al diésel. Este Gobierno tuvo dos años para proponer un alza de los combustibles de forma gradual, incluyendo el del gas. El país ha discutido este asunto por décadas. Cabe mantener el objetivo de eliminar estos subsidios, pero bajo un esquema gradual y consensuado.

La mesa de diálogo que ayer se conformó bajo el liderazgo acertado de la ONU y la Iglesia católica anuncia que el Gobierno y los dirigentes indígenas continuarán negociando. Esa negociación debe incluir la solución al grave déficit fiscal, ya que de no hacerlo, el Gobierno no podría atender sus compromisos financieros, entre ellos el pago de sueldos, el pago a proveedores, el pago de deuda externa.

Ecuador debe estar consciente de que hoy se está pagando el mal manejo que el Gobierno anterior dio a la economía, haciendo crecer el gasto fiscal a niveles impensados; tanto, que en el 2007 el presupuesto general del Estado era de unos 8.000 millones de dólares, y alcanzó, el año pasado, $ 35.000 millones, sin que exista un aparato productivo que haya crecido lo suficiente para que lo soporte.

En estos 11 días de paralización todo Ecuador ha perdido. Ahora hay que trabajar y tomar medidas acertadas para poner al país en marcha.