Es por tanto,  una ocasión  propicia para señalar el tremendo  impacto que está ya sufriendo con motivo de las últimas medidas económicas, en especial la que tiene relación con la elevación del precio de los combustibles, muy particularmente del diésel, básico para entregar la energía que necesitan las maquinarias que emplea en los procesos productivos de la tierra, de la movilización de las cosechas y de su industrialización, que de no compensarse de forma clara y concreta, ocasionará pérdidas graves de competitividad de los bienes producidos y reducción de ingresos a los agricultores, agravando aún más la pobreza y marginación en que se debaten. Es inaplazable la eliminación de impuestos a la importación de activos e insumos que ella necesita.

En homenaje al abastecimiento de alimentos, a la propia agricultura, a su aporte nacional, a los empleos que crea en todas sus fases, se debe consagrar su centralidad, significando con ello que allí debe residir la preocupación pública y privada, en esta nación típicamente agrícola y ganadera, lo cual abona además para que se considere prioritaria frente a cualquier otro segmento económico, con mayor razón frente a la minería, más aún de la que se practica en el país, fuertemente contaminante del suelo, de los acuíferos y de los manantiales naturales que dan nacimiento a las cuencas hidrográficas y que se convierten en vehículos tóxicos, afectando la producción y a las personas que laboran en la parte baja de ellas.

Siendo reconocida la centralidad de la agricultura y por ende su carácter prioritario, será  justificación para asignar recursos a la investigación, tan desmejorada y carente de financiamiento, cuyo rescate debería ser uno de los puntos sobresalientes en las negociaciones para la solución de los actuales conflictos de indígenas y campesinos, injustamente afectados por las recientes medidas de ajuste económico.