En días recientes, los ecuatorianos hemos vivido una serie de protestas sociales iniciadas por los gremios de la transportación de pasajeros, a las cuales se sumaron otros grupos como los movimientos indígenas y asociaciones de trabajadores. El saldo hasta el momento es de varios detenidos (más de trescientos ciudadanos), destrucción de bienes públicos y privados, cometimiento de actos vandálicos (saqueos a locales comerciales) y, por supuesto, millonarias pérdidas en productividad. El viernes último, tras varias horas de deliberación, el vocero de la transportación pública intercantonal Abel Gómez publicó la decisión de suspender esta paralización y reanudar el servicio de transportación; decisión a la cual no se adhirió el gremio de taxistas, el cual decidió continuar con paralización de sus unidades de transporte, en algunas ciudades del país.
¿Qué sucederá ahora?
Definitivamente que la eliminación de los subsidios al combustible incrementará los costos operacionales de las unidades, los cuales serán transferidos al usuario final. En consecuencia, la primera acción a tomar debe ser la de establecer entre el Gobierno central y transportistas las nuevas tarifas públicas, conservando los beneficios aplicados a personas de la tercera edad, con discapacidad, otros y, enfocando sus esfuerzos hacia la mínima afectación de la economía del trabajador común. Así mismo, es de esperarse un aumento en los costos de producción y precios de venta al público de los bienes y servicios, que por la proximidad de una de las mayores temporadas de consumo masivo, como la Navidad, podrán autoajustarse, por ley de oferta y demanda.
¿Qué debemos hacer?
De manera inmediata, restablecer en su totalidad el servicio de transportación intercantonal, interprovincial y urbana mientras los transportistas en conjunto con el Gobierno central y los GAD (cada uno en su ámbito) acuerdan las nuevas tarifas; medida que restablecerá la productividad en el país y, además, generará ingresos a favor de los trabajadores y empresarios de la transportación.
A largo plazo, por otra parte, es perentorio que representantes del Gobierno central y de los gremios de la transportación inicien conversaciones relacionadas a la implementación de un programa sostenible de adquisición y modernización de flotas de buses y taxis a ser operados con energía renovable, preferiblemente de origen solar, cuyo financiamiento de obras de infraestructura eléctrica de abastecimiento energético podrían bien proceder del ahorro anual producto del Decreto No. 883.
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(2)(3).jpg "¿Qué sigue ahora…?")
