Esta ley busca proteger y garantizar el derecho de los ecuatorianos frente al trato de los datos personales. El país junto con Venezuela y Bolivia son  los únicos de Latinoamérica que no cuentan con normativa en este tema. 

Razón.  Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, explicó que el objetivo es que las empresas públicas y privadas, así como la ciudadanía, conozcan y se adapten a las nuevas disposiciones. 

El ministro indicó que la ley se impulsa por la falta de legislación y mecanismos de protección de la privacidad y confidencialidad de la información que circula en diferentes actividades, como compras, registros, contratos, entre otras. De acuerdo a la información de diario El Universo, la propuesta tiene 90 artículos, pero uno se repite en dos ocasiones, además cuenta con siete disposiciones generales, cuatro transitorias, ocho reformatorias y cinco derogatorias.

 

Uso.  En la ley se propone que los datos proporcionados a prestadores de servicios “no podrán ser usados para la promoción comercial de servicios o productos”. Podrán utilizarse sólo con consentimiento del usuario, que debe ser solicitado “en un instrumento separado y distinto al contrato de prestación de servicios”. Estos requerimientos existen en la Ley de Telecomunicaciones, pero su incumplimiento es común. 

José Vera, ciudadano, indicó que siempre recibe llamadas de diferentes proveedores para ofrecerle desde planes de internet hasta viajes y que nunca ha autorizado. 

“En ocasiones se ponen molestos si uno no acepta un producto o si no explico por qué no deseo el servicio”, indicó

 

Sanciones  Quienes incumplan con la ley podrían recibir sanciones leves, que van de 1 a 10 salarios básicos unificados (394 a 3.940 dólares), multa entre el 3% y 9% de los ingresos totales correspondientes al último ejercicio económico. Mientras que por acciones graves ascienden a los 20 salarios básicos ($7.880) o multa entre el 10% 

y 17% de los ingresos totales.