El proyecto recoge el derecho al olvido como figura que permite solicitar que se eliminen de las redes y buscadores la información que vulnere la intimidad y honra del individuo.

Pero eso no es todo. Michelena señaló que todas las llamadas telefónicas que realicen las empresas tendrán que tener la autorización del ciudadano para ser usada, de lo contrario aplicarán las sanciones, dependiendo del caso.

Las sanciones para las empresas que dan un mal uso de los datos, como se presume en el caso de Novaestrat, contienen medidas correctivas, multa del 17% de los ingresos totales del negocio y hasta acciones penales.

Finalidad.  La propuesta contempla un sistema para mitigar riesgos, un régimen sancionatorio, un Registro Nacional de Protección de Datos Personales, entidades certificadoras, y un sistema de manejo de la responsabilidad, entre otros factores, indicó.