"Tenemos una empresa privada ecuatoriana que ha sustraído información posiblemente de dos o tres instituciones públicas, que trabajaron en el régimen del gobierno anterior", dijo el alto funcionario en una rueda de prensa.

Apuntó al posible robo de datos de las bases del sistema nacional de información creado por el anterior Gobierno para "justamente convalidar las bases de datos que tenían en protección social, salud y educación" y que "lastimosamente no se han cuidado los protocolos ni manuales específicos que permitan proteger los datos personales".

Michelena también confirmó que el Gobierno ecuatoriano recibió una alerta el pasado 11 de septiembre y que desde entonces, se está investigando el caso "de una posible vulneración de datos sensibles ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami".

"De forma inmediata, a través de Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), aplicamos los protocolos necesarios para proteger datos", prosiguió el titular de Telecomunicaciones quien aseguró que "la información está protegida y resguardada".

"No ha habido hackeo, ni ataque a la ciberseguridad del país", insistió.

Una empresa israelí reveló este lunes que millones de datos de ciudadanos ecuatorianos quedaron expuestos en el servidor para que cualquiera entrara a cogerlos y que éste pertenecía a una firma ecuatoriana proveedora de análisis de datos.

Entre los detalles expuestos datos personales y financieros de unos 20 millones de ecuatorianos, muchos de ellos fallecidos, lo que permitía el robo de identidad y de capitales.

El caso fue detectado por la firma israelí en un servidor en Miami perteneciente a Novaestrat, una consultora que provee servicios de análisis de datos, marketing estratégico y desarrollo de software y cuya web hoy estaba inhabilitada.

Tras difundirse la información el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a los dos ministros relevantes, Michelena y la titular de Interior, María Paula Romo, explicar la situación a los medios y tranquilizar a la ciudadanía.

Michelena anunció en ese sentido que se ha abierto una "investigación penal" sobre la posible participación de antiguos "funcionarios públicos" en el anterior Ejecutivo de Correa, que estuvo en la presidencia entre 2007 y 2017.

"Hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de la empresa, dónde han trabajado, efectivamente se dijo que eran funcionarios públicos del régimen anterior", recalcó el ministro antes de revelar que la titular del Interior, María Paula Romo, ha emprendido una acción penal por posible vulneración del delito a la privacidad, recogida en los artículos 178 y 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). EFE