La ley actual, bajo el argumento de la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, no permite que se publiquen fotografías de los acusados de delitos ni que se revelen sus datos completos. Pero esto impide que las personas que hayan sido perjudicadas por ellos los reconozcan a plenitud y los denuncien, con lo que se facilita la liberación de los detenidos y que vuelvan a delinquir, en una especie de un vicioso círculo delictivo.

Con el panorama legal vigente, en el afán de proteger los derechos de transgresores se restan condiciones de seguridad de los ciudadanos y se establecen formas de censura a la información. Ni siquiera se puede publicar los rostros de asesinos, violadores y ladrones confesos o que hayan sido detenidos mientras cometían el delito. Siguen siendo sospechosos y la ley los protege.

La propuesta, que ha sido señalada como parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, también debe involucrar cambios en otras leyes. Al menos en esta parte, debería ser aprobada sin dilaciones, pues es parte de las modificaciones que han venido solicitando los ciudadanos.