Se ha planteado, por iniciativa del legislador Guillermo Celi, una reforma a esa norma que establece, hasta ahora, que cuando se trate de demandas al Estado la citación debe hacerse en el lugar donde tenga su sede principal. Esto significa que si un ciudadano de Manabí plantea un juicio contra un ministerio o una institución que tenga su oficina principal en otra provincia, se debe hacer llegar las citaciones a la sede central, lo cual representa tiempo y dinero.

Esta parte de la norma no guarda coherencia con términos como la economía procesal, la simplificación y celeridad en trámites, que señala la Constitución, ni con los principios de descentralización y desconcentración de funciones.

La reforma propone que las citaciones se hagan en la oficina provincial o zonal de la institución demandada, lo cual desconcentraría el trámite, en beneficio de los ciudadanos. Por eso, los asambleístas deberían apoyar la iniciativa para que se convierta en ley.

Es necesario insistir en que Manabí debería impulsar un modelo de descentralización y economía, para trasladar el poder a lo local. La práctica centralista y concentradora debe ir quedando a un lado para dar paso a una estructura que fortalezca el manejo desde el propio territorio.