La Fiscalía ya cuenta con nuevos indicios para investigar la detonación. 

Según la entidad, el artefacto explosivo en la parte posterior del edificio administrativo del rectorado ocasionó daños materiales a la infraestructura, pero no dejó personas heridas.

“Esperamos que los vídeos indiquen qué persona o personas manipularon el artefacto explosivo y lo dejaron en el lugar. Una de ellas estaría por ser identificada, que no es estudiante ni funcionario de la entidad universitaria”, indicó el fiscal Julio Sánchez.

Protección. Las autoridades volvieron a calificar este acto como terrorismo. “No nos atemorizan los perversos y corruptos delincuentes responsables de estos hechos”, cita un comunicado. 

Los integrantes de la Comisión Interventora, presidida por Roberto Passailaigue, seguirán con las investigaciones. “No me van a amedrentar (...). Quienes han manejado anteriormente la universidad temen que investiguemos los actos de corrupción”, dijo Passailaigue. 

Durante el recorrido del vicepresidente Otto Sonnenholzner, los interventores pidieron recursos para un plan de seguridad. 

“Esto refleja que la universidad ha estado tomada por gente mafiosa. Hemos avanzado en las investigaciones y cada acto que hacen nos acerca más”, indicó el segundo mandatario. 

Sonnenholzner dijo que el Gobierno ha entregado $30 millones para el proceso de intervención, pero aclaró que el problema de fondo es la corrupción. 

Proceso. La universidad afronta un segundo proceso de intervención. Éste fue dispuesto por el Consejo de Educación Superior en octubre, por actos violentos que generaron inestabilidad en el rectorado.  

Desde el 2016, tres de sus carreras (Medicina, Odontología y Jurisprudencia) no han podido ser acreditadas debido a la baja calificación que han obtenido.