La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril del 2016, aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de mayo del 2016, establece en su artículo 1 que “tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente afectadas”.

De esta manera se recaudaron unos 2.600 millones de dólares, pero parte de estos recursos económicos no ha sido utilizada para el objetivo que fue expresamente establecido en la indicada ley,  habiéndose dado uso de dineros públicos para obras que no tenían nada que ver con lo establecido en esa norma legal. Por esto podría existir una malversación de fondos públicos, o sea, un mal uso de dineros del Estado, sancionado por la legislación penal del país.

Existe un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General del Estado, del cual se desprende la existencia de indicios de responsabilidad penal de ciertos funcionarios y ex funcionarios públicos, entre los cuales aparece el nombre del actual alcalde del GAD Municipal del Cantón Portoviejo, el Ing. Agustín Elías Casanova Cedeño, por la construcción del parque Las Vegas, pues se habría firmado la construcción de esta obra con dineros públicos del Estado.

Vale recalcar que los indicados dineros tenían otro fines. Con relación a aquello, entre otros, con fecha 3 de junio del 2019, se dispuso  el inicio de la investigación previa al burgomaestre de Portoviejo, por parte de la Dra. Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado.

Como consecuencia del terremoto que se produjo el sábado 16 de abril del 2016, a las 18h58, hubo muchas personas afectadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que nunca recibieron ningún tipo de ayuda; y, más aún, existen hasta la presente fecha habitantes de estos lugares que aún no reciben la ayuda necesaria, notándose al mismo tiempo una falta de reactivación productiva en algunos de estos sectores, por lo cual se concluye con la opinión de que el verdadero objetivo de la Ley de Solidaridad en gran parte no se ha cumplido.