Los otros tres miembros son Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá, que junto a Tuárez habían sido denunciados tras crear una comisión para revisar el proceso administrativo de selección de jueces de la Corte Constitucional.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea había analizado la petición de dos legisladores de someter a los tres vocales y al presidente a un juicio político, una figura de censura contra autoridades ante sospechas de irregularidades en su desempeño.

El informe final sobre el caso elaborado por dicha comisión recomendó al Parlamento “proceder con el juicio en contra de los cuatro integrantes” del consejo, en virtud de las conclusiones que apuntaban a irregularidades tanto en la postulación de la candidatura del presidente, como en las funciones de los miembros que habría contravenido la legislación.

Indicios. De acuerdo con el documento, existen “indicios de que José Tuárez habría incurrido en la falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio, con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser consejero de Participación Ciudadana y Control Social”.

Y por esa razón, el expediente de la sustanciación del juicio político en su contra se remitirá a la Fiscalía General del Estado.

De su lado, Tuárez anunció que acudirá a instancias internacionales por el proceso de censura y aseguró que ciertos grupos de poder tratan de perseguirlo para censurarlo.