No es posible que empresas monopólicas, como las que proporcionan agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, tengan altos índices de pérdidas por fugas y robo, así como elevados niveles de cartera por cobrar.

Estas empresas terminan por convertirse en una carga para las instituciones de las que dependen. En el caso de las de agua potable y alcantarillado, quienes deben cubrir el déficit económico son los municipios que, por cumplir estos compromisos, dejan de atender otras necesidades de la población. Las de electricidad dependen del Estado y la situación es parecida.

Una empresa que apenas recauda el 20 por ciento de lo que produce no es, por ninguna parte, eficiente. La gestión termina siendo injusta porque los pocos que pagan cubren los valores que dejan de cancelar los demás.

Las leyes sancionan el aprovechamiento ilícito de servicios públicos, pero no dicen nada sobre el uso de tales servicios sin pagar tasa.

Los organismos de control deberían poner la mirada en estas empresas para determinar dónde está el origen de esa ineficiencia y establecer las recomendaciones que sean necesarias para que se conviertan, ahora sí, en prestadoras de servicios a la colectividad.