El país ha sido testigo de cómo muchos de los debates derivan en insultos, e incluso en amagos de agresión, entre asambleístas. Los acuerdos políticos, la injerencia de los legisladores en las instituciones públicas y la defensa de intereses de grupos no se erradicaron nunca, por más que la propaganda institucional vendía una imagen diferente.

Muchos de los procedimientos de uno de los más importantes poderes del Estado no han sido, precisamente, ejemplo de transparencia y correcto proceder. La investigación aún abierta por el cobro de parte de los sueldos de asesores y empleados de la Asamblea para utilizarlos en beneficio personal de legisladores o de organizaciones políticas, es un síntoma de que no siempre se aplicó la ética en las acciones de quienes fueron electos por el pueblo para que lo representaran.

Algunas de esas prácticas no se terminaron con el cambio de gobierno ni con la renovación de las autoridades del organismo.

Se demanda de las autoridades legislativas una aplicación más estricta de las normas internas para evitar que la corrupción, el cohecho y otras prácticas reñidas con la ética y la ley sigan contaminando a la Asamblea. La inmunidad y la alta representación no pueden ser una pantalla para cubrir irregularidades ni para justificar agresiones entre quienes están llamados a dar muestra de tolerancia y madurez política.

En ese sentido, hasta ahora la Asamblea Nacional tiene deuda con el país.