La empresa brasileña, implicada en una red de corrupción que sobornó a figuras políticas y altos funcionarios públicos para adjudicarse contratos, ya ha pagado reparaciones en otros países como Colombia, Estados Unidos, Perú y Guatemala.

En el caso de Ecuador, Odebrecht desembolsó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios. La implicación afectó no solamente a la imagen del país, sino también que llevó a amañados proceso de contratación que no fueron transparentes, con lo que usó métodos irregulares para dejar fuera a otras empresas que competían por la ejecución de obras.

Aparte de la reparación de daños, el país debe aprender de esta experiencia para llevar a cabo procesos más transparentes y justos en todos los ámbitos, no solamente en la contratación de obra pública. Desde la adjudicación de puestos de trabajo hasta el manejo de fondos deben hacerse con claridad, de tal forma que cualquiera conozca cómo se llegó a esas decisiones.

Además, el país también requiere que se investigue  hasta llegar a la verdad de una veintena más de casos de corrupción que también han salpicado al Estado y en los que están involucrados miembros del Gobierno anterior y del actual. La celeridad con la que se investigue y se presenten los informes abrirá el espacio para que la justicia intervenga y, de haber responsables, se los sancione.

Ya es hora de terminar con esta secuela de irregularidades que daña la imagen de Ecuador.